La ley de tasas judiciales, los recortes en Justicia, las reformas legislativas regresivas y por el derecho a la defensa
Los recortes en Justicia se engloban dentro de la estrategia neoliberal de desposesión a la clase trabajadora con el aniquilamiento y la privatización del sector público.
La Comunidad de Madrid lleva atacando al Turno de Oficio desde hace años, deteriorando las condiciones de este servicio de naturaleza pública. Los perjudicados de esta situación son los sectores más desfavorecidos de la sociedad impidiéndoles acceder a un abogado/a de oficio y por lo tanto, negándoles el derecho a la defensa. Pongamos un ejemplo, si una persona no tiene domicilio (como por desgracia les pasa a muchos seres humanos bajo este sistema) o se encuentra residiendo en este país en situación administrativa irregular no tendría derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La aprobación de la Ley de Tasas sigue el mismo camino de la privatización de los servicios públicos ligada a las políticas de recortes. Esta ley acaba con la universalidad en el acceso a la Justicia , haciendo pagar a los que menos tienen unas cantidades prohibitivas para defender sus derechos. Por poner un ejemplo, cuando un trabajador pretenda recurrir una sentencia por despido siendo la discrepancia de 2000€, la tasa será de 500€, que se perderá gane o pierda. Aún más, si se pretende recurrir en casación se pagarían 750€, también irrecuperables. Por tanto, en caso de obtener una sentencia favorable, el trabajador tan sólo cobraría 750€ de los 2000€ que le corresponderían. Cabe recordar que esta ley vuelve a los niveles de la ley franquista de 1959 que establecía trabas para acceder a la Justicia y que consagraba ésta a los intereses de los sectores más pudientes y adinerados de la sociedad.
Todo esto obedece a una visión política encaminada a lograr una Justicia de clase, la de los ricos contra los pobres. Es una necesidad material para los poderosos, que necesitan este modelo de Justicia para mantener sus privilegios. Es una característica esencial de esta nueva etapa: la desigualdad inherente al neoliberalismo y la polarización social que conlleva, hace que el sistema necesite de la represión y del miedo para mantener el poder.
En este sentido, es sintomático que la inminente reforma del Código Penal criminaliza a los partidos y sindicatos de clase y a los movimientos sociales. Por contra, no recoge ningún tipo contra los nuevos (y viejos) delitos económicos de banqueros y especuladores que están expoliando los recursos de este país.
